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Chile: Los Derechos de los Pueblos Originarios frente al Nuevo Gobierno
Alfredo Seguel
Cabe mencionar que gran parte de los conflictos que existen en el
presente ya sea por exigencias de restitución de tierras ancestrales o
de resistencia ante la imposición de proyectos de inversiones privadas
como forestales, celulosas, hidroeléctricas, salmoneras, mineras, entre
otras, las que afectarían a numerosas vidas, se enfrentan, justamente,
de manera directa y frontal, sin más caretas concertacionistas, de
manera directa y frontal, con quienes asumirán la representatividad del
nuevo Gobierno..
El Gabinete que tendrá el Presidente electo Sebastián Piñera son hasta
el día de hoy, representantes de los principales sectores empresariales
y de gremios de latifundistas de origen colonial, donde numerosas
comunidades mantienen reclamaciones, por lo tanto, también, está en sus
manos la opción de agudizar las tensiones e intensificar la senda de
violaciones; O bien, el de dar una solución plena a los actuales
conflictos, con el respeto de los Derechos Humanos y de cumplir
cabalmente con las normas y estándares internacionales sobre Derechos
Indígenas y Medio Ambiente.
El escenario que se ha venido viviendo en Chile en los últimos años con
respecto a los Pueblos Originarios ha sido complejo y difícil. En los
Gobiernos de la Concertación no ha existido la capacidad de los
diferentes sectores políticos y empresariales, incluyendo en primer
orden a quienes asumirán ahora el rol de Gobernar, para dar la debida
atención y urgente solución a las demandas y conflictos que enfrentan
los Pueblos y sus comunidades.
En efecto, ha habido estancamiento con respecto a los reconocimientos de
derechos, mínimas reparaciones y restituciones, represión a la protesta
social, falta de canales de participación efectivas y se ha dado
prioridad a los asistencialismos para evadir temas de fondo, los que
para más estuvieron mal manejados por el oficialismo y su escalafón
burocrático.
Todo esto sin lugar a dudas ha causado desazón e indignación en
Comunidades y organizaciones, síntomas que seguramente se trasladarán de
distintas formas desde la diversidad de expresiones de los Movimientos
ante el nuevo Gobierno de Piñera.
Cabe mencionar que gran parte de los conflictos que existen en el
presente ya sea por restitución de tierras ancestrales o de resistencia
ante la imposición de proyectos de inversiones privadas como forestales,
celulosas, hidroeléctricas, salmoneras, mineras, entre otras, las que
afectarían a numerosas vidas, se enfrentan, sin más caretas
concertacionistas, de manera directa y frontal con quienes asumirán la
representatividad del nuevo Gobierno.
El Gabinete que tendrá el Presidente electo Sebastián Piñera son hasta
el día de hoy, representantes de los principales sectores empresariales
y de gremios de latifundistas de origen colonial, donde numerosas
comunidades mantienen reclamaciones, por lo tanto, también, está en sus
manos, la opción de agudizar las tensiones e intensificar la senda de
violaciones; O bien, el de dar una solución plena a los actuales
conflictos, con el respeto de los Derechos Humanos y de cumplir
cabalmente con las normas y estándares internacionales sobre Derechos
Indígenas y Medio Ambiente.
Ejemplo de esto en el Gabinete es Ena Von Baer, la vocera que tendrá el
ejecutivo, de origen latifundista colonial en la Región de la Araucanía,
doctora en Ciencias Políticas en Alemania, “analista experta” de la
cuestión Mapuche, y quien ha demostrado gran habilidad y disciplina en
su carrera política. El otro, es el economista y Chicago, Cristián
Larroulet quien reemplazará a Viera Gallo y deberá asumir las temáticas
indígenas. Ambos cumplieron funciones en el ala doctrinaria de los
Partidos de la Derecha, el Thin Tank de la Alianza: El Instituto
Libertad y Desarrollo (LYD). Von Baer como directora del Programa
Político y Larroulet como Director Ejecutivo.
Cabe mencionar que uno de los principales motores del LYD y de quien
estribaron estos dos ejemplos, es Patricia Matte, socióloga, integrante
del directorio del canal de TV Universidad Católica, junto a sus dos
hermanos (Bernardo y Eliodoro) es Empresaria forestal y de papelería
CMPC – Forestal Mininco, Empresa Colbún, Banco Bice, entre otras, cuyo
grupo económico es uno de los principales que mantiene conflictos
sociales y territoriales en Chile y cuyo padre, ya fallecido, fue
sindicado como uno de los gestores del Golpe de estado en 1973 junto a
Agustín Edwards.
Las tareas Pendientes
Luego que en el País se ha dado absoluta prioridad a la liberalización
del mercado y del comercio a favor de ciertos grupos, se hace
fundamental ahora, más allá del Gobierno que asoma, de dar prioridad a
los Derechos Humanos y al Medio Ambiente donde habitan las Comunidades.
No hacerlo, es seguir profundizando las crisis y a la vez, contrariar
una serie de obligaciones internacionales que el estado chileno tiene
pendiente y que a la postre, podrían dañar la imagen internacional y en
los propios mercados de inserción donde cada vez más van importando los
estándares e indicadores en estas materias.
El Gobierno, deberá entender que los planes operativos y conspirativos,
la represión a la protesta social, los montajes comunicacionales, la
intolerancia y el racismo como sucede en la imposición a la fuerza de
proyectos atentatorios, como métodos frente a legítimas reclamaciones y
como se ha venido haciendo en el Co Gobierno que ha sostenido en estos
últimos veinte años la Concertación y la Derecha económica en Chile, son
siempre un fracaso y que trae repercusiones serias.
Es de esperar que los sectores políticos de la concertación como del
Nuevo Gobierno y los de la oposición verdadera, afronten de manera
responsable los temas pendientes y más que acuerdos decorativos y
superficiales, se permita el debate real sobre temas de fondo como es el
de asumir de una vez por todas la reparación de derechos a los Pueblos
originarios y cumplir así con las diversas medidas que se exigen. Entre
otras materias pendientes están:
- La implementación plena y efectiva, de buena fe, de las Normativas
Internacionales de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y
conexiones, como los diversos pactos y tratados, el Convenio 169 de la
OIT, la declaración ONU sobre Pueblos Indígenas, que son obligatorias y
de primer orden jerárquico dentro del ordenamiento jurídico, político y
administrativo de Chile.
- Adecuación de la legislación local y sectorial de conformidad a esos
criterios sobre estándares internacionales.
- Utilización de los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos
que establecen las normas internacionales de Derecho, principalmente
frente a los hechos que son de carácter político e histórico como los
conflictos por tierras ancestrales y de imposición de proyectos de
inversión en tierras indígenas.
- Dar implementación eficiente para los procesos de demarcación y
restitución de Tierras ancestrales a comunidades, como parte del
conflicto histórico y actual del estado chileno y que han sido
conminados a cumplir por órganos como el Comité de eliminación de la
discriminación racial y de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU,
como asimismo, la atención a la rica jurisprudencia que existe en ese
sentido, atendiendo la importancia de un territorio suficiente para el
desarrollo y Bienestar de un Pueblo.
- La implementación efectiva, plena y de buena fe de los procedimientos
de consulta a los Pueblos Indígenas, sus comunidades y organizaciones
frente a iniciativas de políticas públicas, legislativas y
administrativas; y reconocer, debidamente el Derecho a la participación
atendiendo aspectos políticos y socio culturales.
- Atender la situación de racismo y discriminación de que son objeto los
Pueblos Indígenas en Chile, entre otros, ante las políticas de
asimilación y homogenización y exclusión en aspectos educativos, de
salud, medio ambiente, como es la contaminación, el deterioro de las
actividades económicas locales que se deben revitalizar y asumir,
niveles de reconocimiento y valoración.
- Poner fin a la violencia estructural del estado hacia la protesta
social de los Pueblos Indígenas, particularmente en hechos que tienen
que ver con legítimas reclamaciones en materia de demandas de tierras
y/o defensa de territorios. Escandalosa es la aplicación de Leyes
represivas como la Ley antiterrorista que diversos organismos
internacionales de Derechos Humanos han conminado a poner fin, ya que
son prácticas de facto.
- Terminar con la existencia de instituciones fácticas como la
competencia de los tribunales militares en causas civiles, tal como
ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la
resolución del caso Palamara. Cabe mencionar que lo único que han
generado son impunidades a abusos, atropellos y asesinatos ejecutados
por agentes uniformados del estado en contra de numerosos civiles,
hechos que han quedado en medio de verdaderos planes conspirativos.
- Reconocimiento de las instituciones tradicionales, como son sus
autoridades; Y Potenciar las economías locales, las tradicionales y la
vida rural.
Estos son temas que el Gobierno y el estado chileno en su conjunto deben
asumir. Es una obligación hacerlo. Insistir en que no hacerlo, es
retroceder y violar. Es ponerse al margen del Derecho que a la postre,
pesarán en las instancias calificadoras de Derechos Humanos, medio
ambiente y del mercado comercial internacional.
La despedida del Gobierno de Bachelet
Bachelet así como sus antecesores, son Gobiernos que se sometieron y
actuaron de acuerdo a los intereses del poder del capital, que co
gobernaron con ellos y que administraron algunos aspectos sociales. Así,
se van los “administradores” de este modelo neocapitalista e ingresan de
una vez los “patrones” de este modelo para asumir de manera
totalitarista el control absoluto del poder de las instituciones del
estado.
Bachelet se va con dos jóvenes Mapuches asesinados por miembros del GOPE
de Carabineros en el marco de conflictos por tierras ancestrales (Matías
Catrileo y Jaime Mendoza Collío). Se va con decenas de imputados
judicialmente por la misma situación, con persecuciones, militarización
y violencia extrema en Comunidades y no haber dado eficacia a procesos
de restitución de tierras, posibilitando la especulación de mercenarios.
Igualmente, se va con una serie de luces verdes que dio a diversos y
nefastos proyectos de inversión para que se impongan, incluso, varios de
ellos controlados por socios de Piñera, que llevan enormes impactos a
numerosas comunidades en sus territorios.
Se termina así, un ciclo del maquillaje concertacionista, para que
ingresen los verdaderos controladores del estado chileno. Por su parte,
la Sociedad Civil y los Movimientos sociales frente a este escenario,
deberá tener la capacidad de seguir creciendo y construir propuestas de
vida, de alternativa frente al actual modelo y sistemas que están en
crisis y que ahora lo administrarán sus sostenedores e ideólogos,
quienes deberán asumir en su momento, que el saqueo y acumulación ya es
suficiente, que es insostenible mantener el ritmo que han impuesto y que
ya no es posible corregir sus fracasos.
Se debe seguir avanzando entonces en materias de autonomía y
construcción de fuerzas sociales eficientes fuera del poder estatal y a
su vez, intervenir instancias del estado para la conquista y reparación
de derechos y logros de justicia.
Los Derechos Humanos y de la naturaleza en todas las esferas deben ser
lo primero y se debe profundizar al respecto y hacerla sentir siempre ya
que es urgente forjar un debate sobre esto, ya que no es posible tolerar
más daño y destrucciones y que por causa o culpa de unos pocos, que
quieren lucro insaciable y que obedecen a ideologías fascistas, lleven a
las grandes mayorías a abismos y caos en medio de cercos
“des-informativos” e ignorancia.
- Alfredo Seguel, integrante del Grupo de Trabajo por Derechos
Colectivos y del Colectivo Informativo Mapuexpress. www.mapuexpress.net
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