Argentina: ¿La deuda pública condiciona la política económica?

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Argentina: ¿La deuda pública condiciona la política económica?

Julio C. Gambina

ALAI AMLATINA, 29/03/2010.- La economía argentina volvió al crecimiento
según los datos del INDEC de enero del 2010. El crecimiento de enero
contra el mismo mes del año pasado es de 4,9%, aunque el acumulado de
los últimos 12 meses respecto al acumulado de igual periodo anterior es
de 1,1%; y enero del 2010 respecto de diciembre del 2009 es de 0,4%.

Es aún prematuro definir por donde avanzará la economía el presente año,
pero es probable que los datos del crecimiento económico estén por
encima de la pauta establecida en el Presupuesto del 2010, fijada en
2,5% en el presupuesto aprobado por el Parlamento. Claro que fue una
pauta pensada en pleno proceso de desaceleración de la economía a
mediados del 2009 y que incluso se pensaba exagerada.

Parece necesario reevaluar el Presupuesto del 2010, discutiendo las
asignaciones presupuestarias, de ingresos y egresos en función de
objetivos de redistribución progresiva. Los valores presupuestarios
indican la mayor importancia del destino de los mismos a la cancelación
de la deuda pública en lugar de destinarlos a educación, salud o
ciencia. Lo que pone en evidencia nuestra hipótesis del gran
condicionante de la deuda sobre la política económica.

Una reevaluación presupuestaria podría generar una discusión en la
sociedad y generar un movimiento popular favorable a una distribución
progresiva del ingreso vía asignación de las cuentas públicas. Entre
otras cuestiones, una suspensión de los pagos de deuda hasta tanto se
sustancie una “auditoria” del conjunto de la misma.

Recordemos que la Argentina creció de manera importante entre 2003 y
2007 (a tasas entre 8,5% y 9%) y que, en 2008 comenzó una desaceleración
agudizada en 2009 (apenas con crecimiento según el INDEC) al punto de
revertirse el año pasado la tendencia decreciente de los datos sociales,
pobreza, indigencia, desempleo, trabajo no regularizado, entre otros.
Son 145.000 los puestos de trabajo perdidos el pasado año,
principalmente en la industria, dice el ente oficial.

Por eso tanta expectativa en los nuevos registros de crecimiento, que se
confirmarían para el primer trimestre del 2010, y la discusión por
favorecer un nuevo ciclo inversor para mantener y acrecentar la
recuperación económica.

La política económica busca atraer inversores y para eso se propone
“regularizar su situación externa, volviendo a los mercados
internacionales”. Con ese objetivo, se reabre el canje, se busca
renegociar con el Club de París y se espera el momento adecuado para
cumplir con las suspendidas auditorías del FMI desde el 2006. Es preciso
enfatizar, en que estas son las razones por las que afirmamos que la
deuda es un condicionante importante, más allá de la disminución
comparativa con datos macroeconómicos, tal como ensaya Alfredo Zaiat en
su artículo de Página12 del sábado 27 de marzo pasado.

Inflación y poder para fijar precios

Con el crecimiento de la economía (PBI) pueden ocurrir cambios en el
consumo, en la inversión y en el saldo de la balanza de pagos. En la
coyuntura lo que existe es una tendencia al crecimiento del consumo, una
propensión baja a las inversiones y escasos indicadores de variaciones
en las relaciones con el exterior. El problema es que se expande el
consumo y con él los precios, lo que nos lleva al problema de la
inflación. Es un debate en por lo menos dos terrenos, el del consumo y
el de los precios.

Sobre el consumo, una de las explicaciones en boga relata el impacto
positivo en los sectores de menores ingresos por la “asignación por
hijos” que se viene pagando desde diciembre pasado. Un consumo,
mayoritariamente, orientado a bienes de primera necesidad, especialmente
alimentos. Pero también crece el consumo de bienes de uso durables, es
el caso de los automotores o electrodomésticos, como así, también,
cierta reactivación en el sector inmobiliario y la construcción,
producto del cambio de activos como forma de protección ante posibles
modificaciones de política cambiaria.

El consumo crece y eso genera posibilidades por el lado de la ampliación
de la producción, siendo un problema el establecimiento de los precios,
que esteriliza mecanismos de asignación de recursos para sectores
desfavorecidos. En el mismo sentido se argumentan los rechazos
patronales a los ajustes de sueldos pues invariablemente las patronales
lo derivan a los precios.

Lo que se detecta es que los precios aumentan, precisamente en los
bienes de primera necesidad, los alimentos, siendo la carne el ejemplo
evidente en estos días. La política oficial se concentra en el control
de precios de una canasta de bienes para el consumo de sectores de bajos
ingresos. Así encontramos precios establecidos entre empresas y gobierno
para evitar el encarecimiento. Pan y carne por ejemplo, aunque sea
difícil encontrarlos en góndola, existen, y eso es lo que refleja la
medición del INDEC. Lo que tenemos es una política de asignación de
recursos a sectores menos favorecidos y una pauta controlada de algunos
precios para evitar impacto inflacionario en esos sectores.

El problema de fondo sin embargo es el patrón de producción y
comercialización concentrado en grandes empresas, que son las que fijan
los precios del conjunto de la economía, más allá de las mediciones del
INDEC. Si no se ataca la cadena de producción y comercialización
monopolista será muy difícil controlar el encarecimiento, que resulta un
mecanismo de distribución del ingreso a favor de quienes pueden fijar
precios.

Esto queda claro en la puja salarial de estas horas. Mientras la
inflación se presume de un dígito en la pauta oficial, los reclamos
salariales promedian entre el 25 y 30%, porque aun existiendo precios
controlados, la pauta de consumo de la población se extiende al conjunto
de bienes y servicios (no contemplada en la metodología del INDEC),
donde los precios se establecen bajo la pauta mercantil de la oferta y
la demanda, siendo las grandes empresas productoras y comercializadoras
las que definen el precio de venta.

Sin atacar el poder de monopolio de productores de bienes y servicios y
grandes comercializadoras no podrá contenerse la inflación y aleja la
posibilidad de una equitativa distribución del ingreso. Ese monopolio es
ejercido por corporaciones transnacionales y grupos económicos de origen
local que hegemonizan la producción y circulación en el capitalismo
realmente existente en la Argentina, como base material de su dominación
social.

El peso de la deuda

Los grupos y empresas mencionadas son clase dominante por su poder en la
economía y demandan la “normalización” de la inserción en el capitalismo
global.

Por eso, es que cierran filas con las iniciativas de vuelta a los
mercados financieros mundiales, de donde nuestro país se alejó luego de
la cesación parcial de pagos de la deuda pública de fines del 2001. Como
así, también, celebran la autorización otorgada en EEUU a la reapertura
del canje de deuda en el país. Se descuentan decisiones similares de
otras regiones del capitalismo desarrollado, especialmente de Europa y
Japón. El resultado será la inminente reapertura del canje cerrado en el
2005.

El reconocimiento de deuda a canjear incrementará el endeudamiento en
unos 10.000 millones de dólares. Se supone que solo una parte de
acreedores que reclaman 20.000 millones de dólares más sus intereses,
estimados en otros 10.000 millones, se presentará al canje. De ese total
de acreedores que ingresen a la propuesta oficial se operará una quita y
el resultante se incorporará como capital a cancelar, junto a los
correspondientes intereses.

Es cierto lo que algunos argumentan por estas horas, con relación a que
la deuda disminuyó su incidencia en la economía, pero se equivocan al
inferir la perdida de “condicionalidad” frente de la política económica.
Es un argumento esgrimido por algunos seguidores del oficialismo, los
que suscriben el Plan Fénix y algunos periodistas afines al gobierno,
intentando legitimar el pago de deuda pública con reservas.

Solo alcanzaría con observar algunas cifras del Presupuesto 2010. Para
un total de gasto público por 273.129 millones de pesos, el monto
establecido para Salud alcanza los 10.160 millones de pesos, un 3,72%
del total mencionado. El gasto en Educación y Cultura asciende a 19.431
millones de pesos, un 7,11% del gasto. Para Ciencia y Técnica es de
5.175 millones de pesos, representando un 1,89% del presupuesto. Por su
parte, la Deuda pública reconoce una asignación presupuestaria de 26.676
millones de pesos, es decir, un 9,76%. Queda claro que el Parlamento
consideró y aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo que asigna esas
contribuciones diferenciales, definiendo la importancia de unos y otros
conceptos.

En esos valores no se cuenta la inminente reapertura del canje. En ese
sentido puede incluirse la negociación que pueda habilitarse en el
presente año con el Club de París por unos 7.000 millones de dólares.
Son anuncios hechos público desde el año pasado y que pueden incluir
compromisos de desembolso en el corriente año. Son datos que contradicen
el argumento de que “la deuda se ha vuelto manejable”, ya sea por la
disminución de la incidencia del stock de deuda reconocido por las
autoridades respecto del PBI, por una mayor nominación en pesos y un
alargamiento de los plazos de vencimiento y un menor porcentual con
relación a las reservas internacionales. Estas son todas variables a
modificar si se operan nuevos endeudamientos, como los que resultan de
la reapertura del canje en ciernes, o la búsqueda de nuevos empréstitos
del sistema financiero mundial que busca la normalización en danza.

No se considera que la deuda fue varias veces cancelada y que una de las
explicaciones del gran crecimiento entre el 2003 y 2007 se funda en la
exclusión parcial de pagos entre 2002 y 2005 producto del default y en
la devaluación de la moneda.

Las clases dominantes están por el pago y solo debaten la mejor forma de
hacerlo. Ese es el debate al que nos convocan las mayorías
parlamentarias, a favor o en contra de decretos y leyes para utilización
de reservas internacionales.

Definir otro camino

Sin embargo, existe una presión social y política por auditar la deuda
pública, en simultáneo a la suspensión del pago y a la convocatoria a
una consulta popular sobre el endeudamiento. Esta es una medida que debe
ir acompañada con la aceleración de la inserción de la Argentina en las
iniciativas regionales por una Nueva Arquitectura Financiera sostenida
entre los países del ALBA. Es el camino de una nueva Banca de desarrollo
donde se ubica el Banco del ALBA y el Banco del Sur; o la perspectiva de
nueva moneda, en el camino que sugiere el SUCRE.

Parte de estas consideraciones estarán a las puertas del Congreso el
próximo 30 de marzo, en conmemoración de la movilización de los
trabajadores de 1982, días antes de la maniobra de la dictadura en
Malvinas.

En aquella ocasión el movimiento de trabajadores levantaba la consigna
del No pago de la deuda contra la dictadura.

Ahora, bajo regímenes constitucionales, se hace necesario discutir a la
deuda como gran condicionante de la política económica.

Apuntamos a habilitar el pensamiento emancipador, que alienta el
desarrollo soberano de un nuevo modelo de producción para un consumo que
satisfaga insatisfechas necesidades de la mayoría empobrecida.

- Julio C. Gambina es profesor de Economía Política en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Doctorando en Ciencias
Sociales en la UBA. Presidente de la Fundación de Investigaciones
Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité Directivo de CLACSO.
Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina,
CEFJA e integrante del Instituto de Estudios y Formación de la Central
de Trabajadores en la Argentina, IEF-CTA.


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