Argentina: La ley de medios salió del closet y ganó la calle
Aram Aharonian
ALAI AMLATINA, 17/04/2010.- Hacía tiempo que no presenciaba una
movilización masiva como la del jueves pasado en Buenos Aires, en
respaldo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que,
sancionada por amplia mayoría por el Legislativo para reemplazar una
norma que data de la dictadura militar, ha encontrado escollos para su
aplicación por sorpresivos y extemporáneos fallos judiciales, muestra de
un poder judicial que aún no ha logrado deslastrarse de funcionarios del
gobierno de facto (1876-1983).
La puja por la Ley salió del ámbito de los medios, sorteó el de la
economía, el de la política y, finalmente se trabó en el de la Justicia,
poniendo en claro la sobreexistencia de un poder concentrado, remanente
de la dictadura y de los gobiernos neoliberales posteriores, inaceptable
en cualquier régimen republicano. En Argentina subsisten lobbies que
unen política y justicia, que resultan a veces mucho más poderosos que
los poderes Ejecutivo y/o Legislativo.
Hubo muchos hechos destacables, remarcables. Primero, la conformación de
esa enorme movilización, donde viejos militantes –de sector obrero y de
clase media- se mezclaban con jóvenes estudiantes de las carreras de
comunicación social y también piqueteros; donde los pueblos originarios
se sumaban a la lucha común, junto a las Madres y Abuelas de Plaza de
Mayo, donde las dos centrales sindicales trabajaban juntas para defender
la democracia y la institucionalidad, donde las banderas de los
movimientos y grupos oficialistas compartían las calles con la de la
oposición.
Y, algo que sorprendía a los corresponsales extranjeros: la marcha, de
más de 20 cuadras, avanzaba hacia la Plaza Lavalle, frente al Tribunal
Supremo de Justicia, y los comercios de la zona no se sentían amenazados
y seguían abiertos normalmente. Fue una demostración cívica, con saludos
cociudadanos desde los balcones de las avenidas Callao y Corrientes, con
miles de manifestantes convocados en principio por la Coalición por una
Radiodifusión Democrática, por sus agrupaciones, sindicatos, movimientos
populares, universidades, pero también con miles y miles de
autoconvocados, al igual que cuando los argentinos salen a luchar contra
la impunidad del genocidio dictatorial.
Codo a codo, los “negros” -despreciados y estigmatizados por el
establishment-, peronistas y piqueteros, con representantes de los
pueblos originarios, trabajadores rurales y urbanos, intelectuales,
jóvenes de clase media, tomaron las calles del país, para vencer otro
intento de dictadura, la que intentan imponer los medios comerciales de
comunicación. Un hecho quizá novedoso para una sociedad argentina que
sigue sorprendiendo.
No fue sólo Buenos Aires. Lo mismo se repitió en el sur, en Comodoro
Rivadavia, o en el noroeste, en Mendoza. Luis Bruchtein, director de
Página/12 señala que “resulta una paradoja, porque de todos ellos, los
únicos en condiciones de generar un proceso de sensibilización masiva
sobre una problemática tan específica son los propios medios. Y esta vez
han conseguido hacerlo en contra de sí mismos”.
En las últimas concentraciones, tanto en la de jueves como en la del
viernes anterior en el Obelisco, convocada por Facebook por los
seguidores del programa televisivo 6, 7, 8 (con gran participación de
jóvenes de clase media, hasta ahora reacios a participar en política),
la mayoría no estaba encuadrada en columnas de organizaciones sociales o
políticas, sino que portaban carteles hechos a mano.
Quizá los grandes medios, encabezados por el oligopolio de Clarín y sus
radios y televisoras, La Nación, el grupo Vila-Manzano, entre otros,
fueron los causantes de este fenómeno político y social, porque ellos y
sus principales columnistas dejaron al rojo vivo la manipulación, con
operaciones mediáticas, inventando el hecho político para forzarlo,
ocultando y tergiversando la información, invisibilizando a los actores
sociales y, sobre todo, dejando en estado de crispación a la sociedad,
con sus titulares apocalípticos. Provocaron un fenómeno reactivo, se
hicieron el harkiri de credibilidad.
Bruchtein señala que aún llevado a una guerra sin cuartel, el Gobierno
no tiene herramientas suficientes que produzcan una ruptura cultural
como para que la sociedad se rebele contra sus Oráculos, o para
resquebrajar esta creencia sobrenaturalizada en los grandes medios
Segundo. La problemática de los medios de comunicación comercial, hasta
hace muy poco limitada a la academia y centros de estudio y/o
profesionales, ha ganado la calle. La concientización popular sobre el
poder de los oligopolios y monopolios mediáticos ya no logra ser
invisibilizado tanto por un velo cultural sino por el propio interés de
las empresas de no perder su (cada vez más escasa) credibilidad.
Esto, que está sucediendo en la Argentina del 2010, tiene mucho que ver
con nuestras historias de las últimas décadas, y bien puede servir de
experiencia para el resto de Latinoamérica. Durante décadas, el
neoliberalismo se había dedicado a desmantelar y privatizar el aparato
comunicacional del Estado, dejando en manos de cada vez menos empresas
–y no necesariamente del sector- la concentración multimediática. El
Estado abandonó su obligación de satisfacer el derecho fundamental a la
información y la comunicación, entregándoselo a los grandes
conglomerados empresariales.
En los países desarrollados, este proceso fue acompañado por
regulaciones y controles antimonopólicos. Cuando estas medidas intentan
ser aplicadas en nuestros países, el aparato corporativo conservador
comienza a denunciarlo como atentado a la libertad de prensa y de
expresión, desquilibrando el juego democrático, atacando a las
instituciones democráticas. Es el discurso hegemónico, el discurso
único, que ya no necesita de bayonetas para imponerse, sino que tiene en
la corporación mediática comercial que intenta aplicar lo que algunos
estudiosos han dado en llamar la dictadura mediática.
Hoy la pelea no es en la fábrica ni en las calles: el bombardeo,
disfrazado de información, publicidad o entretenimiento, invade las
salas, los dormitorios, en nuestros propios hogares.
Tercero. Además del debate sobre la democratización de la comunicación y
la información, silenciado por los poderes fácticos durante 26 años de
retorno a la democracia, en Argentina la crispación llevó a generar un
movimiento social específico, dejando en clara la obligación del Estado
de regular democráticamente el espectro radiofónico y la concentración
de los medios de comunicación.
En Argentina, algunos dicen que la oposición política encontró un aliado
formidable en la corporación mediática. Otros señalan que la corporación
mediática ha sabido manipular a la oposición política al gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner, diciendo quienes son los protagonistas y
los antagonistas, distando no solo la agenda informativa sino también la
política. La oposición prefirió oponerse a una ley cuya aplicación no se
sentirá durante este Gobierno, que termina el año que viene. ¿O no?
Son cinco jueces los que obstaculizan la aplicación de la ley, que han
hecho lugar a reclamos de los grandes oligopolios (Clarín, grupo
Vila-Manzano, con presentaciones de algún diputado, con motivos
diferentes): por el plazo de un año para desmonopolizar, porque no se
siguió el trámite reglamentario en el Parlamento y porque la ley va
contra la libertad de prensa.
El gobierno nacional presentó un recurso extraordinario en la Cámara de
Mendoza para que el expediente llegue a la Corte Suprema de Justicia
que, con independencia y sin ningún tipo de presión, tiene que darle una
mirada al tema. El titular de la Autoridad Federal de Aplicación de la
ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto (el
funcionario que llevó adelante este proceso), consideró que no va a
tardar mucho en que la disputa judicial en torno a esa norma llegue a la
Corte Suprema y sostuvo que el reclamo de la aplicación de esta ley no
es capricho de un gobierno sino una expresión de derechos en democracia.
Breve historia de una conquista popular
El 17 abril de 2008, la Presidenta Cristina Fernández recibió a miembros
de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, quienes le
presentaron el documento de los 21 puntos, y le plantearon la necesidad
de un nuevo modelo de comunicación, entendida ésta como un bien social y
no como un negocio comercial. Un modelo de comunicación en el que tengan
espacio todos y todas, no solamente las empresas de carácter comercial
sino los medios públicos, de gestión estatal, y los medios comunitarios,
de propiedad social, de las organizaciones libres del pueblo. La
Coalición insistió en la necesidad de poner limites a los monopolios y
garantizar la libertad de expresión para todos los ciudadanos.
La Presidenta recordó que la ley de radiodifusión vigente entonces fue
creada por la dictadura y “no solamente ha quedado éticamente impugnada,
ha quedado técnicamente impugnada: Creo que lo más importante de todo
esto va a ser poder incorporar a la Argentina no solamente al debate por
la democratización de la información pública”.
Casi un año después, el 18 de marzo de 2009 la propuesta de proyecto de
Ley de servicios de comunicación audiovisual fue presentada en sociedad
por la Presidenta en la ciudad de La Plata, y luego fue debatida en 80
foros abiertos en todo el país. El 27 de agosto la versión definitiva
del proyecto fue ingresada al Congreso para su tratamiento
parlamentario, donde también fue debatida en audiencias públicas con la
participación de numerosos representes de intelectuales, periodistas,
propietarios de medios privados, de organizaciones sociales, de medios
comunitarios y de asociaciones profesionales.
Finalmente, el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 17 de
septiembre de 2009 con 147 votos a favor, 4 en contra, una abstención y
103 ausente, mientras que en el Senado se aprobó el 10 de octubre con 44
votos a favor y 24 en contra.
- Aram Aharonian es periodista y docente uruguayo-venezolano, director
de la mrevista Question, fundador de Telesur, director del Observatorio
Latinoamericano en Comunicación y Democracia (ULAC)
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